En la provincia de Córdoba, se ha desatado una crisis a causa de las altas temperaturas y la ausencia de políticas gubernamentales, tanto nacionales como provinciales, que redujeron considerablemente la capacidad estatal para prevenir y combatir los incendios. Esto dio lugar a una serie de incendios incontrolables que afectaron áreas protegidas y gran parte de las sierras cordobesas. El contexto institucional de esta crisis está marcado por el desfinanciamiento generado por la eliminación del fondo del fuego, que anteriormente se recaudaba a través de la factura de electricidad bajo la administración del exgobernador Juan Schiaretti. A esto se suma la desregulación de las áreas protegidas impulsada por el presidente Javier Milei.
En cuanto el debate público, se ha polarizado entre tres posturas diferentes. Un grupo considera que los incendios son el resultado de un negocio inmobiliario o de la práctica de deforestación para "limpiar" terrenos, con el fin de urbanizarlos o destinarlos a la explotación agrícola. Otro segmento culpa a la imprudencia de personas, especialmente ocupantes irregulares de las zonas serranas, mientras que un tercer grupo responsabiliza a turistas negligentes o eventos fortuitos como un asado o una colilla mal apagada.
La crisis se agudizó con una serie de declaraciones desafortunadas, primero del gobernador el martes y luego del presidente el miércoles, seguidas de una serie de publicaciones en redes sociales de sus simpatizantes. El gobernador de Córdoba asumió un rol visible, acompañado por la vicegobernadora, mostrando apoyo a los bomberos y pidiendo a la población que siguiera las indicaciones de las autoridades. Sorprendentemente, su discurso viró hacia la búsqueda de culpables, pidiendo penas más severas para quienes, por imprudencia o negligencia, originaran incendios. Este cambio discursivo apeló a marcos de pensamiento presentes en la sociedad, añadiendo un componente punitivo, a pesar de que expertos en criminología señalan la limitada efectividad ejemplificadora de las penas en estos casos.
Este cambio en el discurso del gobernador permitió que Javier Milei, en un giro más radical, acusara directamente a militantes de La Cámpora de iniciar los incendios en un supuesto intento por desestabilizar su gobierno. Esta acusación se basó en información falsa, afirmando que los responsables habían sido detenidos, lo cual fue desmentido rápidamente por la Justicia de Córdoba. El gobierno provincial se desmarcó de estas declaraciones, creando una fractura entre ambas administraciones.
Ambas posturas son discutibles desde una perspectiva ética. En lugar de abordar las verdaderas causas del problema mediante políticas activas y un análisis riguroso de la situación, tanto el gobernador como el presidente aprovecharon la oportunidad para generar una división política entre "nosotros" (los cordobeses, la gente honesta) y "ellos" (La Cámpora, los responsables de los males). Esta estrategia buscaba desviar la atención de las responsabilidades institucionales, evitando discutir las políticas ausentes que agravaron la crisis.
En un intento por sacar provecho político de la situación, ambos líderes incurrieron en acciones cuestionables, alimentando una crisis pública que afectará la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Ninguno de los dos saldrá beneficiado de este escenario, lo que sugiere que las decisiones de sus asesores fueron precipitadas o ignoradas.
Este análisis muestra cómo cada gobernante utilizó el "framing" a su favor, desviando la conversación pública hacia la confrontación. Cuestionamos no solo la ética pública y la responsabilidad que conlleva, sino también la conversión de lo que debió ser una comunicación de crisis en una estrategia propagandística. Además, cabe preguntarse si era realmente prudente intentar capitalizar políticamente una situación donde no había beneficios que obtener, recordando el concepto aristotélico de que el coraje, en este caso, se convirtió en temeridad.
A pesar de este escenario, es digno de destacar la rápida reacción de la Justicia cordobesa, que desmintió las acusaciones del presidente, preservando el clima de seguridad y la presunción de inocencia constitucional. Al comunicar únicamente los hechos, la Justicia limitó el impacto de las afirmaciones del presidente y, de manera indirecta, también las del gobernador.
La lección que se puede extraer de esta situación es que, en una crisis, no hay necesariamente algo que ganar, sino que lo esencial es mitigar los daños, tanto materiales como en la imagen pública de los líderes. Los discursos polarizantes no solo no solucionan el problema, sino que lo agravan. Además, es fundamental ser cuidadoso con los mensajes emitidos, ya que estos pueden abrir la puerta a otros discursos que, una vez lanzados, pueden generar consecuencias inesperadas para toda la comunidad.
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