¿Falla la Corte?

La corte suprema de justicia de la nación resolvió dejar sin efecto el decreto legislativo de Fernandez de Kirchner que nombraba a un nuevo integrante del concejo de la magistratura por la camara de senadores derogando así la designación al cuerpo del senador Martín Doñate del Frente de Todos en favor del Senador Luis Juez del PRO quien consideraba que le correspondía ocupar el lugar de representante por la primera minoria.

La polémica decisión hace caer por tierra la estrategia del Frente de Todos de dividir su bloque para reclamar para sí el lugar en el concejo luego de que un Fallo de diciembre pasado de la propia corte declarara la inconstitucionalidad de la norma que establecía en trece miembros la integración del concejo de la magistratura y lo hacía volviendo a la vida una norma de los años noventa que estableció una composición de veinte miembros siendo presidido por el presidente de la corte actualmente designado durante el gobierno de Mauricio Macri.

El fallo representa una intromisión del poder judicial sobre el funcionamiento del poder legislativo a pesar de que se busque con tecnicismos afirmar que es un mero procedimiento lo que se cuestiona en aras de la seguridad jurídica y no el funcionamiento del órgano legislativo. Más aún, la corte se vio obligada a justificarse y defenderse por adelantado en el propio fallo afirmando que esto era así y que no se trataba de un fallo político. Sin embargo el fallo atenta contra el Estado de Derecho y el sistema Republicano de división de poderes y no intromisión en política.

A todas luces parece un fallo poco inocente ya que se trata de una inmiscusión sobre la conformación de bloques del congreso sobre el cual en principio no tiene jurisdicción la corte, más aún, en la conformación de los mismos no se ha violentado ninguna garantía constitucional. De esta manera el fallo viola la división de poderes y se arroga sobre el presidente del máximo tribunal un poder absoluto que no existe en nuestro sistema republicano.

Se olvida también que el concepto de seguridad jurídica no hace simplemente a la regulación procedimental o al cumplimiento de las normas en tiempo y forma predecible como lo demanda un sistema que requiere previsibilidad en el marco de un sistema capitalista. Se olvida que el concepto de seguridad jurídica es más complejo y hace a la seguridad económica y a la seguridad en términos de garantía sobre la política dejando a los asuntos políticos no judiciales en manos de la política.

Se merece nuestro repudio y podría implicar el juicio político a los integrantes de la corte que lo votaron, aunque más incierta es la posición del juez Lorenzetti quién no emitió voto dado que habría votado en disidencia el fallo anterior al entender que no se podía resucitar una norma antigua para resolver el conflicto lo cual ocurrió en la práctica y de forma polémica.

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