¿Cuál es la dinámica detrás de los comportamientos políticos en torno a la creación de un nuevo impuesto a las grandes riquezas acumuladas?
La situación de excepcionalidad se agrava día a día, porque la respuestas elaboradas como políticas publicas pueden tender, mayormente, a administrar el riesgo, en menor medida a a mitigarlo, y está bastante claro que estamos ante una situación globalmente imprevisible para los gobiernos nacionales.
Surge la necesidad de re formular los para qué de la política pública, y esto está bien expresado por el Presidente en la frase que dice más o menos así: que de las crisis económicas nos recuperamos, pero a los muertos nadie los trae de vuelta. En ese contexto el gobierno puede hacer una sola cosa: gobernar.
En la realización de políticas se plantearon objetivos en términos de política sanitaria, y la tensión con la economía es patente, máxime cuando se vuelve una restricción a la implementación de las políticas. Las políticas para ser efectivas necesitan realizarse en el territorio a traves de programas y proyectos, y estos necesitan de que se les asigne un presupuesto. La falta de fondos emerge allí como un nuevo factor de riesgo.
Por ende salud y economía deben ser administradas, gobernadas.
En esta línea se inscribe la propuesta de crear un impuesto excepcional. Pero los políticos y las políticas llamados a crearlo son un caso particular a tener en cuenta.
En la Argentina toda ley impositiva debe tener como origen la cámara de diputados, en el proyecto trabajan los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller, el ministro de economía Martín Guzmán, e incluso se ha avocado el propio presidente.
A demás, una vez obtenida la media sanción debe pasar al recinto de Senadores.
Diputados y senadores se comportan con una lógica, entre otras, que es racional y que los lleva a analizar todas sus acciones en términos de rédito político. En esa línea y debido al sistema federal robusto de la Argentina, las carreras de diputados y senadores están fuertemente influidas por las decisiones de los gobernadores de sus distritos. El sistema electoral crea incentivos para que estos respondan ante las posturas de sus jefes de partidos provinciales, que en la mayoría de los casos son gobernadores.
Pero diputados y senadores son también paladines de las administraciones publicas provinciales, en favor de las cuales buscan incidir en el federalismo fiscal. Sobretodo cuando se trata de fondos de alta discrecionalidad presidencial y baja institucionalización.
También son representantes de sectores sociales, el campo popular o las élites económicas.
Un legislador que representa a una élite y que incide en el proceso de negociación de fondos, tanto en el congreso como en la rosca con el ministerio del interior, tiene altas probabilidades de estar respondiendo al mandato de un gobernador.
Los gobernadores tienen, a diferencia del gobierno federal, bajas capacidad de recaudar tributos y casi el 65% de sus fondos provienen de aportes del gobierno federal. Pero contrario a lo que se podría pensar, impuestos coparticipables son altamente institucionalizados, de transferencia automática, de beneficiarios establecidos con alícuotas poco variables, y esto los convierte en una mala estrategia de influencia del gobierno nacional sobre los decisores locales.
La influencia de los gobernadores se incrementa en transferencias federales en rubros como obra publica de vivienda, o promoción industrial. Y los lazos que estos tejen se dan principalmente con las élites económicas que los condicionan.
Te lo resumo así nomás: Las élites económicas inciden sobre los gobernadores, que gerencian el accionar de diputados y senadores, cuando estos no responden directamente a las élites, y esas motivaciones e intereses se trasladan a la negociación por la creación de un nuevo impuesto.
Parece que todavía opera una racionalidad económica propia de un mundo en crisis y que aún no somos capaces de actuar en función de una nueva lógica solidaria que emerge y nos permite co-crear el futuro.
¿Que fortuna correrá el nuevo y necesario impuesto?
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