El discurso del presidente en la apertura de sesiones marca un hito político importante en nuestro sistema presidencialista. Fernandez presentó una agenda de políticas públicas que incluye la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la reforma del sistema de justicia federal y la eliminación de los fondos reservados, reforma mediante, de la agencia de inteligencia. También se establecieron prioridades: empezar por los últimos para llegar a todos, requiriendo un esfuerzo solidario de los sectores en mejores condiciones. La nota distintiva fue el tono de calidad institucional, propio de un estadista formado en la ciencia jurídica que conoce también la materia del Estado. La política vuelve a pensarse en clave institucionalista, tratando de fijar una agenda de consensos sociales que brinden gobernabilidad. Si bien se apela brevemente a la idea de un gobierno del lado del pueblo, no se identifican enemigos externos o traidores internos. La construcción adversarial discursiva característica de los populismos de derecha durante el gobierno cambiemita, y de izquierda en el gobierno de Cristina Fernandez, han dejado paso a una narrativa de la gobernanza. Si bien hay una carencia de relato épico, se vislumbra la construcción de un nuevo mito de gobierno: nuevamente son los mejores los que han ocupado la oficina. Se trata de el reemplazo de una élite que fracasó hasta en sus propios parámetros, por otra que se caracteriza por el saber científico. Sin descuidar el lugar de preeminente de la política como praxis por sobre la técnica política que se evidenció en el anuncio de la (re)creación de una escuela para la administración publica que hubiera ideado Alfonsín. Así planteada la política del gobierno busca reducir al mínimo los antagonismos, ampliar la base social por consensos, reconstruir un neocorporativismo que permita garantizar los derechos con justicia social. La omisión deliberada del adversario en el discurso le permite ampliar la frontera identitaria y la recuperación de la política en clave democrática articula perfectamente los mencionados sentidos como parte de una continuidad de un consenso, que casi es de aceptación unánime en la Argentina desde la conclusión del régimen golpista. Así marcada la cancha, se espera que los conflictos sean construidos por actores sociales que deberán exponerse y ser justamente criticados por atentar contra este principio de estabilidad.
En nuestro régimen político existen varios niveles de gobierno que se ocupan de una diversidad de asuntos. La primera gran repartija de competencias la establece la Constitución nacional en el título referido a los gobiernos de provincia . Éstos gobiernos delegan algo de su poder: las facultades relativas al funcionamiento y la efectividad de un Estado Nacional. Y conservan otras tantas. En el medio hay poderes concurrentes que pueden ser ejercidos por una provincia o el Estado Federal. Horacio Cao enseña que existen textos fundacionales donde se pueden encontrar más de cuatrocientas definiciones de federalismo. Pero para esquematizar coloca nuestro régimen político complejo en el centro de un continuum con dos polos, en uno de los cuales se encuentran los Estados Confederales y en otro donde se encuentran los Estados Unitarios. Nuestro federalismo es básicamente un sistema de cooperación. En el cual los gobernadores son “agentes naturales del Gobierno federal
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