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Política y participación en la ciudad de Córdoba

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Foto: Gonzalo Viramonte

En base a información obtenida a través de los medios de comunicación me voy a referir a las políticas de participación ciudadana de la ciudad de Córdoba.

Dentro del gobierno municipal existe un área especifica de la organización destinada a la administración de política publica, la Secretaría de participación ciudadana ocupada por Guillermo Marianacci.

A diferencia de lo que ocurría durante la gestión anterior, en el sitio web actual (en construcción) de la municipalidad, no es posible acceder al organigrama completo de la misma y no es fácil de rastrear su accionar y su estructura organizacional.

Según la ordenanza 12984 de 2019 sancionada por el consejo deliberante, la subsecretaría de participación ciudadana pasó a tener el grado de secretaría, subordinada funcionalmente directamente al intendente de la ciudad. Asume las funciones de ejecución de la política de desconcentración y descentralización, las cuales también elabora y propone en los términos del art. 153 de la carta orgánica municipal (iniciativa popular). Ejecuta planes, programas y proyectos de su competencia. Coordina los diferentes centros de participación comunal y ejecuta pequeñas oras publicas en coordinación con los mismo s y otras secretarías. Interviene en la elaboración de políticas de participación ciudadana y en la planificación y ejecución del presupuesto participativo. Entre otras.

La desconcentración y descentralización están fuertemente vinculadas a las instancias de participación de la ciudadanía en políticas públicas.

Una investigación del CIJS de la Facultad de Derecho de la UNC dirigida por el Dr. Humberto Molina identifica las restricciones a la participación eficaz de la ciudadanía al analizar mediante entrevistas el funcionamiento de las instituciones participativas de la ciudad: los centros vecinales y la juntas de participación vecinal ( que funcionan en el marco de los centros de participación comunal) y que tienen participación en el proceso de formulación del presupuesto participativo.

Una de las restricciones a la eficaz participacíón es el desconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de las normas que regulan los procesos participativos en la ciudad.

Se puede interpretar que es una ventaja contar con una formación política previa, o socialización en un partido político. Esto aporta conocimientos y vínculos que facilitan la gestión y la administración de las instituciones participativas.

En la actual gestión la descentralización y desconcentración han sido una de las propuestas de campaña y es uno de los ejes principales de la misma.

El estilo característico del intendente actual es el del trabajo en equipo, escuchando a los funcionarios que más conocen del tema.

No hay información a cerca de cómo se formulan las políticas de participación ciudadana en la actualidad. Pero es evidente que ha sido un progreso su jerarquización con la reforma de la estructura orgánica municipal.

Quizá un elemento a mejorar es la comunicación gubernamental especifica del área, con la publificación de una agenda gubernamental, y la creación de mapas con herramientas de tecnología de geolocalización  o la implementación de sistemas de información georeferenciada.

Un tema que no está en agenda y es necesario cuestionar, es el veto normativo a la participación de los dirigentes de los partidos políticos en las candidaturas a los centros vecinales. La actual estructura institucional crea incentivos para el surgimiento de pequeños caciques locales en los barrios, que buscan intermediar entre el gobierno y la ciudadanía, y que tienen altos grados de transfuguismo político. La intervención de la política organizada a través de los partidos en los procesos eleccionarios vecinales podría alterar esa matriz y generar incentivos para que los lideres locales respondan a partidos políticos de la ciudad. De manera tal que se permita una mayor congruencia entre las políticas publicas, el gobierno (tanto desde el ejecutivo como desde el concejo deliberante), y el accionar local que desaliente estructuras clientelares y que aumente las capacidades del municipio.


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